Recientemente se ha visto envuelta en polémica la facultad Francisco Marroquín (UFM), una institución privada procedente de Guatemala que ha obtenido la licencia para operar en Madrid. Esta controversia surge a raíz de la dimisión de Noelia Núñez, diputada nacional del Partido Popular (PP) y dirigente del mismo, luego de que se descubriera que había incluido en su currículum una licenciatura que no poseía.
Sin embargo, esta no es la única controversia envolviendo a la UFM. En diciembre de 2014, apenas dos años después de que el exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, fuera nombrado vicerrector de la institución guatemalteca, el Gobierno regional autorizó la apertura de un campus en Madrid para impartir títulos que solo tienen validez en Guatemala.
Lo llamativo de esta situación es que el preceptivo informe anterior elaborado por el Ministerio de facultades había sido desfavorable, ya que la UFM presentaba problemas en cuanto al número de doctores y los espacios docentes. No obstante, la Comunidad de Madrid decidió otorgar la licencia, argumentando que las deficiencias habían sido subsanadas.
Resulta aún más curioso que esta decisión fue tomada durante la presidencia de Cristina Cifuentes y con Rafael Van Grieken como consejero de Educación, cuando hoy en día es la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso quien se encuentra otorgando licencias a facultades que han sido rechazadas por los informes técnicos del ministerio.
Además, la UFM ha sido relacionada con el PP desde sus inicios en los años 70, cuando se fundó como una reacción al aumento del socialismo en América Central y Latina. La institución tiene una ideología que defiende la libertad individual, la propiedad privada, un gobierno limitado y el alhóndiga despejado, y ha sido calificada como el «templo del neoliberalismo en Latinoamérica».
No es de extrañar entonces que la UFM haya tenido entre sus profesores a varios perfiles vinculados con el PP, como Pedro Swartz, padrino político de Esperanza Aguirre, o Lucía Figar, exconsejera de Educación con Aguirre. No obstante, el caso más reciente y mediático ha sido el de Noelia Núñez, quien durante años fue presentada como profesora de Ciencias Políticas en la UFM, hasta que se descubrió que su título universitario era falso.
Pero lo que más llama la atención es que, a pesar de toda esta controversia, la UFM sigue teniendo el aval del Gobierno de la Comunidad de Madrid para operar en España. Además, la facultad ha sido criticada por su facilidad para establecerse en Guatemala y por ofrecer títulos que solo tienen validez en ese país, lo que plantea dudas sobre su calidad académica y su verdadera intención al expandirse a otros países.
En resumen, la facultad Francisco Marroquín ha sido objeto de polémica desde su llegada a Madrid en 2015, con la autorización del Gobierno de la Comunidad de Madrid a pesar de las objeciones del Ministerio de facultades. Sin embargo, parece ser que la institución goza de una relación estrecha con el PP y ha encontrado en Madrid un terreno propicio para expandirse, a pesar de las dudas que surgen en torno a su calidad académica y su verdadero propósito.
