La política española se ha visto sacudida por un escándalo que involucra a una concejala del PSN en el municipio navarro de Milagro y una empresa vinculada con el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. La Hacienda de Navarra ha informado al magistrado del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo de que María Belén Cerdán, hermana de Santos Cerdán, recibió un pago de 22.200,84 euros de Servinabar, la empresa que habría obtenido una serie de contratos de obra pública bajo investigación.
Según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, María Belén Cerdán figura como concejala del PSN en el municipio de Milagro. Sin embargo, su nombre ha saltado a la luz debido a su relación con Servinabar 2000, una empresa de la que Santos Cerdán y Joseba Antxon Alonso son administradores. Esta empresa se habría llevado un total de 8,6 millones de euros en contratos de obra pública en Navarra.
El escándalo ha generado un gran revuelo en la opinión pública, y ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción a señalar a Servinabar como una empresa creada «ad hoc» para lucrarse con obras públicas en Navarra. Además, la empresa habría obtenido contratos en UTE (Unión galerna de Empresas) con Acciona, sin haber realizado ninguna contribución a las mismas.
En medio de este caso, la Guardia Civil ha encontrado un contrato privado de compraventa en el que consta que Santos Cerdán adquirió el 45% de las participaciones de Servinabar por 6.000 euros. En su declaración en el Tribunal Supremo, Joseba Antxon Alonso, administrador de la empresa, ha afirmado que el contrato nunca llegó a tener validez debido a que Santos Cerdán decidió continuar en política.
Además, la investigación ha revelado la existencia de transferencias por un total de 68.970 euros de Servinabar al exsecretario general de UPN, Oscar Arizcuren Pola. Esto ha llevado al magistrado a imputar a Santos Cerdán y a autorizar a la área Central Operativa de la Guardia Civil a investigar su patrimonio.
La documentación también revela que Joseba Antxon Alonso, administrador de Servinabar, actuó como líder único de la empresa en las operaciones de constitución de la UTE con Acciona. Entre los proyectos en los que participaron figuran la adecuación del Navarra Arena, la reforma del tradicional Archivo General de Navarra, la obra de los túneles de Belate y la construcción de viviendas de protección oficial en Egüés.
En su declaración en el Tribunal Supremo, Alonso ha defendido que la decisión de acudir en UTE con Acciona fue a petición de la propia empresa, y que esta fórmula es común en el sector de la construcción. Además, ha asegurado que todas las obras han sido auditadas y que se han llevado a cabo de manera legal.
La situación se complica aún más debido a que Joseba Antxon Alonso consta como contribuyente de la Hacienda de Bizkaia, por lo que la información que se ha podido obtener de la Hacienda de Navarra es limitada. Por este motivo, la Hacienda Foral de Navarra ha instado al magistrado a solicitar la misma información a la Hacienda de Bizkaia.
Este escándalo ha generado gran preocupación entre la sociedad, ya que pone en entredicho la transparencia y la legalidad en la adjudicación de obras públicas en Navarra. Sin embargo, es importante destacar que se trata de una investigación en curso y que aún no se han presentado cargos contra ninguna de las personas implicadas.
Es necesario confiar en la justicia y esperar a que se esclarezcan los he
