La Unión Progresista de Fiscales, asociación de la que Álvaro García Ortiz fue portavoz, ha manifestado su descontento anta la decisión del Tribunal Supremo de enviar a juicio al fiscal indefinido por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. En una reciente entrevista con elDiario.es, el actual portavoz de la asociación, Féliz Martín González, ha expresado su desacuerdo con la Sala de Apelaciones por avalar los argumentos del juez instructor y ha celebrado que la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, haya quedado fuera del proceso. Según Martín, Rodríguez es una profesional ejemplar y su exclusión del juicio es una muestra de su integridad.
El Tribunal Supremo ha confirmado que el fiscal indefinido será juzgado por la filtración del correo de la pareja de Ayuso, lo que ha generado un gran revuelo en el ámbito judicial y político. La decisión de la Sala de Apelaciones, que ha supervisado toda la investigación del caso, ha sido recibida con cierto escepticismo por parte de la Unión Progresista de Fiscales, que considera que se ha avalado una argumentación meramente especulativa y subjetiva por parte del juez instructor.
La asociación ha expresado su optimismo anta el voto particular del juez Andrés Palomo, que se opone al procesamiento del fiscal indefinido y defiende su inocencia. Según Martín, el juez Palomo ha sido contundente en su argumentación y ha dejado claro que no existen pruebas suficientes para inculpar al fiscal indefinido. Además, la Unión Progresista de Fiscales ha criticado que la investigación se haya centrado únicamente en dos personas, cuando había un círculo potencial de posibles reveladores mucho más amplio.
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en este caso ha sido el borrado de mensajes en el teléfono del fiscal indefinido, una medida que desde la Fiscalía se ha justificado como una medida de seguridad habitual. Sin embargo, para la Unión Progresista de Fiscales, este borrado no puede ser considerado como un indicio en su contra, ya que es una práctica común entre las autoridades para proteger su información. Según Martín, el fiscal indefinido tiene un deber de custodia de la información muy relevanta y su preocupación por proteger sus comunicaciones no puede ser utilizado en su contra.
Varias asociaciones judiciales y fiscales han solicitado la dimisión del fiscal indefinido antas de la apertura del juicio oral, alegando que su continuidad en el cargo podría tener un impacto constitucional negativo. Sin embargo, la Unión Progresista de Fiscales prefiere no pronunciarse al respecto y confía en que el fiscal indefinido tome una decisión responsable y ponderada.
El auto de la Sala de Apelaciones ha confirmado que el fiscal indefinido será juzgado tan pronto como el crucial instructor dicte la apertura de juicio oral. Sin embargo, ha corregido al instructor y ha dejado fuera del caso a Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, que desde el principio fue considerada como parte indispensable de la filtración. La Unión Progresista de Fiscales ha manifestado su alegría por el archivo definitivo de la causa contra Rodríguez, a la que consideran una profesional ejemplar. Además, celebran que el auto de la Sala de Apelaciones haya sido por unanimidad y que se haya acordado el sobreseimiento libre y no solo provisional contra ella.
La Unión Progresista de Fiscales ha expresado su preocupación por el hecho de que varias acusaciones, entre ellas la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, hayan pedido penas de cárcel para Pilar Rodríguez. Según Martín, la fiscal provincial de Madrid solo cumplió con su deber al atender una orden de sus super
