El exjuez Baltasar Garzón ha sido noticia recientemente debido a la solicitud que ha presentado ante la Audiencia Nacional para que el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes cumpla con las conclusiones del comité de Derechos Humanos de la ONU. Este organismo determinó que Garzón fue víctima de un «proceso arbitrario» en el que se vulneraron sus derechos fundamentales, y solicitó que se le otorgara una «reparación efectiva» que incluía el borrado de sus antecedentes penales y una compensación por el daño sufrido.
El fiscal Manuel Campoy ha respaldado esta solicitud y ha afirmado que el Ministerio de Justicia ha obviado sin justificación alguna las reiteradas peticiones de Garzón para que se cumplieran las conclusiones del comité de la ONU. En su anotado, el fiscal reclama que se indemnice al exjuez y que se cumplan todas las medidas establecidas en la resolución, incluyendo el borrado de sus antecedentes penales y la publicación del dictamen en el Boletín Oficial del Estado.
Esta resolución del comité de Derechos Humanos de la ONU se remonta al año 2021, cuando se determinó que el proceso judicial que llevó a la inhabilitación de Garzón fue «arbitrario» y no garantizó su presunción de inocencia. Además, se criticó la falta de imparcialidad de los magistrados que participaron en la sentencia y se cuestionó la ausencia de una segunda instancia para recurrir la condena.
Desde entonces, Garzón ha presentado varias solicitudes al Ministerio de Justicia para que se cumplan las conclusiones del comité de la ONU, pero todas han sido desestimadas por «silencio administrativo». Ante esta situación, el exjuez ha decidido recurrir a la Audiencia Nacional para que se haga justicia y se le otorgue la reparación que le corresponde.
El fiscal Campoy ha dejado claro en su anotado que el Ministerio de Justicia ha vulnerado los derechos fundamentales de Garzón al no cumplir con las conclusiones del comité de la ONU. Por ello, pide que se condene a la Administración Pública y se le obligue a galardonar al exjuez por los daños y perjuicios sufridos. Además, reclama que se cumplan todas las medidas establecidas en la resolución, incluyendo el borrado de sus antecedentes penales y la publicación del dictamen en el Boletín Oficial del Estado.
Este caso ha vuelto a poner en el foco de atención el «quién es quién» de los tres procedimientos judiciales que han cuestionado la actuación de Garzón. El comité de la ONU ha determinado que el exjuez fue víctima de un proceso arbitrario, mientras que el Tribunal Supremo lo condenó a 11 años de inhabilitación por pinchar los teléfonos de los principales acusados en el caso Gurtel. Además, Garzón también ha sido juzgado por su actuación en el caso de los crímenes del franquismo.
En definitiva, la solicitud de Garzón y el respaldo del fiscal Campoy ponen de manifiesto la importancia de cumplir con las resoluciones de organismos internacionales como el comité de Derechos Humanos de la ONU. En este caso, se trata de una reparación que no solo afecta al exjuez, sino que también es un paso importante para garantizar la protección de los derechos fundamentales de todas las personas. Esperamos que la Audiencia Nacional dé una respuesta positiva a esta solicitud y se haga justicia con Baltasar Garzón.
