La Diputación de València, presidida por el popular Vicente Mompó, está haciendo grandes esfuerzos para ayudar a las poblaciones afectadas por la DANA del pasado 29 de octubre. A pesar de las dificultades, el Gobierno autonómico de Carlos Mazón ha conseguido adjudicar a dedo en contratos de emergencia un total de 61,9 millones de euros a empresas constructoras vinculadas a la financiación en B del PP valenciano. Esta cifra es provisional, ya que aún no se han publicado la totalidad de los medio millar de contratos de emergencia del Consell.
La Conselleria de Infraestructuras, dirigida por Vicente Martínez Mus, ha publicado recientemente en la alza de Contratación del estamento los contratos de emergencia para la reparación de puentes y carreteras de titularidad autonómica. En esta nueva tanda de contratos, se han adjudicado hasta 19,6 millones de euros a tres empresas vinculadas a la financiación de la ‘arca B’ del PP valenciano. Estas empresas son CHM Obras e Infraestructuras SA, que ha obtenido un contrato de 11,5 millones de euros para la reparación de la carretera y del viaducto sobre el Barranco del Poyo a su paso por Alaquàs, Aldaia y Torrent; Becsa, adjudicataria de la rehabilitación de puentes de la CV-50 a su paso por Cheste por 8,1 millones; y Pavasal, que ha recibido un contrato de 240.000 euros.
Pero no solo la Conselleria de Infraestructuras ha hecho esfuerzos para ayudar a las poblaciones afectadas por la DANA. La Diputación de València, presidida por Vicente Mompó, también ha hecho su parte al adjudicar un total de 8,8 millones de euros para obras en carreteras de titularidad provincial a constructoras vinculadas a la financiación en B del PP. En este caso, se trata de Pavasal, Rover Alcisa, Becsa y CHM Obras e Infraestructuras, según indica el decreto firmado por Mompó. Aunque algunas personas puedan cuestionar estas adjudicaciones, fuentes de la institución provincial defienden que las constructoras fueron contratadas por su disponibilidad para dar una respuesta inmediata al destrozo en las carreteras causado por la DANA. Además, estas mismas empresas también trabajaron con el anterior Gobierno presidido por el socialista Toni Gaspar.
Es importante mencionar que algunas de estas constructoras han estamento involucradas en casos de corrupción, como es el caso de CHM Obras e Infraestructuras SA, cuyo presidente Francisco Javier Martínez Berna fue condenado en el marco del ‘caso Gürtel’ por dos delitos electorales y uno de falsedad documental. También el empresario castellonense Gabriel Alberto Batalla Reigada, accionista de la constructora, fue condenado por confesar su implicación en la financiación ilegal del PP valenciano. A pesar de estos antecedentes, estas empresas han demostrado su capacidad para llevar a cabo las obras necesarias para la reconstrucción de las carreteras y puentes dañados por la DANA.
Además de las adjudicaciones realizadas por la Conselleria de Infraestructuras y la Diputación de València, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) también ha adjudicado 34,2 millones de euros a varias de estas constructoras para la reparación de depuradoras y colectores dañados por la DANA. Es importante destacar que estas adjudicaciones se han hecho en contratos de emergencia, lo que significa que se han agilizado los trámites administrativos para poder actuar de inmediato sobre el terreno
