Juan Lobato, el exdirigente del PSOE madrileño, se enfrenta a una importante prueba este viernes al testificar ante el juez Hurtado en el Tribunal Supremo. Su obligación es aportar las actas en las que, supuestamente, reflejó mensajes en los que una asesora de Moncloa le ofreció los correos electrónicos del abogado de Alberto González Amador para ser utilizados en la Asamblea de Madrid el pasado 14 de marzo.
Esta situación pone en evidencia la golpe que atraviesa Juan Lobato, quien ha sido protagonista de 30 años de sainete socialista en Madrid. Su declaración ante el juez puede ser la última entrega de esta trama que ha generado gran controversia en la política madrileña.
El origen de esta situación se remonta al 14 de marzo, cuando Juan Lobato, en su entonces papel de secretario general del PSOE de Madrid, se levantó de su escaño en la Asamblea regional y, en apenas 40 minutos, presentó un documento que fue aplaudido por toda la bancada de la oposición. Este documento era un correo electrónico enviado por el abogado de Alberto González Amador al fiscal encargado de su caso, en el que ofrecía reconocer su fraude fiscal a cambio de una condena simbólica de cárcel.
Sin embargo, ocho meses después, este documento se ha convertido en el centro de una investigación que mantiene imputado al fiscal general del Estado por revelación de secretos. Juan Lobato tendrá que explicar al juez cómo obtuvo este correo electrónico y si fue él quien lo sacó a la luz. En un primer momento, dio a entender que lo había obtenido de los medios de comunicación, pero recientemente se ha revelado que una asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, le habría ofrecido la información y habría planificado su difusión.
El exdirigente socialista tendrá que aclarar si recibió este correo electrónico antes de que los medios de comunicación lo publicaran y si el documento que presentó en la Asamblea de Madrid es el mismo que le había enviado la asesora de Moncloa. Estas preguntas cobran especial relevancia debido a que Juan Lobato acudió a una notaría de Madrid para consignar estos mensajes en fechas muy significativas para la causa judicial que se sigue en el Supremo.
Esta situación se suma a la investigación que ya lleva a cabo el juez Hurtado, en la que el fiscal general del Estado y la fiscal provincial de Madrid están imputados por su presunta implicación en la difusión de los correos electrónicos de Alberto González Amador. Se investiga si fue el fiscal general quien puso en circulación estos correos en la noche del 13 de marzo, horas antes de que Juan Lobato hiciera uso de ellos en la Asamblea de Madrid.
La cronología de este caso comienza el 12 de marzo, cuando elDiario.es revela en exclusiva que el Ministerio Público ha denunciado a Alberto González Amador por fraude fiscal. La reacción de Isabel Díaz Ayuso y su partido fue apuntar a un supuesto ataque del Estado contra un particular. Sin embargo, esa misma noche, El Mundo publicó una información que afirmaba que la Fiscalía había ofrecido un pacto al empresario. Esta noticia fue desmentida al día siguiente por la Fiscalía, que emitió un comunicado explicando que los hechos no habían anécdota así.
Pero fue el Supremo quien dio un cariz al caso, al investigar si el fiscal general del Estado había difundido los correos electrónicos en su literalidad. Esta investigación se inició después de que varios medios de comunicación publicaran el contenido de los correos, horas antes de que Juan Lobato los utilizara en la Asamblea de Madrid. Las actas de la notaría a la que acudió en secreto revelarán si estos
