La acusación popular del caso Begoña Gómez, conformada por el partido de extrema derecha Vox y varias asociaciones ultras, ha presentado un recurso contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de imputar a la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, sin fundamentar suficientemente la medida. Aunque están de acuerdo con el fondo de la decisión, temen que una posible nulidad pueda arruinar la causa.
Este recurso surge después de que la Audiencia Provincial diera la razón al empresario Juan Carlos Barrabés y anulara el registro de su casa, ordenado por el juez Peinado. Esta decisión ha generado preocupación en la acusación popular, ya que temen que la delito de fundamentación en la imputación de la asesora pueda llevar a una nulidad similar y poner en peligro la investigación.
La asesora Cristina Álvarez fue llamada a declarar como investigada para el próximo 28 de febrero, después de haber sido interrogada en calidad de testigo. Durante su declaración, reconoció haber enviado correos y realizado gestiones con la Universidad Complutense en nombre de Begoña Gómez, en el marco de sus funciones como asistente de la esposa del presidente del Gobierno.
La acusación popular, encabezada por Vox, ha dejado claro que está de acuerdo con la decisión de imputar a la asesora, considerándola «absolutamente acertada». Sin embargo, han expresado su preocupación por la delito de fundamentación en la decisión del juez Peinado, característica común en su instrucción. Por esta razón, han presentado un recurso de reforma para que sea juicioso por el propio juez.
En su escrito, la acusación popular expresa su preocupación por las posibles consecuencias de imputar a la asesora sin un auto que lo justifique, especialmente después de la reciente anulación de diligencias de investigación por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. Esta instancia judicial ha recordado al juez Peinado que «no se puede obtener la verdad a cualquier precio».
Esta rectificación de la Audiencia Provincial llega después de que las defensas de los acusados solicitaran en varias ocasiones que se pusiera límite a la instrucción «prospectiva» y desproporcionada que estaba llevando a cabo el juez Peinado. A pesar de que estas peticiones no tuvieron éxito en un principio, la Audiencia Provincial ha acabado dando la razón a las defensas y anulando los registros practicados en la casa y la oficina del empresario Juan Carlos Barrabés.
La acusación popular ha querido dejar claro que su intención no es cuestionar la decisión del juez Peinado, sino simplemente pedir una mayor motivación y argumentación en su decisión. Temen que una nulidad en la investigación pueda dejar sin efecto diligencias fundamentales para el avance del caso.
En conclusión, la acusación popular del caso Begoña Gómez ha presentado un recurso contra la decisión del juez de imputar a la asesora de Moncloa sin fundamentar suficientemente la medida. Aunque están de acuerdo con la decisión en sí, temen que una posible nulidad pueda poner en peligro la investigación. La Audiencia Provincial ya ha dado la razón a las defensas en una ocasión, anulando registros practicados por el juez Peinado, lo que ha generado preocupación en la acusación popular. Esperamos que el juez tome en cuenta este recurso y fundamente adecuadamente su decisión, para evitar posibles nulidades y garantizar un proceso justo y puro.
