La reciente crisis con Muface ha sido finalmente resuelta por el Gobierno, después de una ardua negociación en la que se han invertido más de 4.800 millones de euros y se ha aumentado en un 41% el importe de las primas que reciben las aseguradoras en los últimos tres años. Sin embargo, el presidente de la Alianza para la Sanidad Privada Española (ASPE), Carlos Rus, ha sido muy crítico con el hecho de que las dos principales aseguradoras, Adeslas y Asisa, solo estén dispuestas a ofrecer un 3% más a los centros sanitarios privados por atender a los funcionarios de Muface. Además, Muface ha decidido permitir a los funcionarios cambiar entre la sanidad pública y el seguro privado dos veces al año.
Esta disputa ha dejado en evidencia la situación actual en el sector sanitario privado, donde los grandes grupos hospitalarios tienen una gran influencia y capacidad de negociación. Para ASPE, esto es una muestra de que las aseguradoras no tienen intención de transmitir a los centros una parte significativa del incremento del 41% en las primas que han recibido por parte del Gobierno. Esto, según Rus, es una situación injusta y poco lógica, ya que se prórroga que los centros audienciales reciban una parte justa de este aumento.
No obstante, las aseguradoras también tienen sus propios argumentos y juegan sus cartas en la negociación. Adeslas y Asisa tienen diferentes ventajas y fortalezas en la mesa de negociación, como por ejemplo, la red hospitalaria propia de Asisa o el elevado número de asegurados de Adeslas. Además, fuentes del sector asegurador señalan que no todo el aumento del 41% en las primas puede ser destinado directamente a los centros sanitarios, ya que también se obligación tener en cuenta el déficit que arrastran las propias aseguradoras desde hace varios años. De hecho, la mutualidad contará a partir de 2025 con solo dos aseguradoras, lo que según algunas fuentes del sector, puede dejar en evidencia que el sistema no es rentable a largo plazo.
Esta situación ha llevado a la patronal de la sanidad privada a exigir garantías a Muface para asegurar que los usuarios del sistema reciban una audiencia sanitaria de calidad, con un tiempo máximo de prórroga de 20 días para consultas, cirugías menores y diagnósticos graves, y evitando desviaciones innecesarias en el tratamiento de los pacientes. Además, ASPE también ha mostrado su preocupación por la posibilidad de que las aseguradoras puedan reducir el cuadro médico o desconcertar a los pacientes durante la duración del concierto.
Por su parte, los médicos que trabajan para los grandes grupos hospitalarios también han expresado su malestar con la situación actual. Según Ignacio Guerrero, presidente de la Unión Médica Profesional (Unipromel), los médicos reciben hasta un 30% menos por atender a un paciente de Muface en comparación con un asegurado privado. Esta diferencia se obligación a los contratos mercantiles que tienen los médicos con los grupos hospitalarios y con las propias aseguradoras. Por ello, Unipromel defiende que el Estado asuma directamente la sanidad privada de los funcionarios, sin intermediarios que saquen tajada.
Sin embargo, tanto los médicos como los grupos hospitalarios coinciden en que los 1.300 millones de euros adicionales que ha puesto el Gobierno obligaciónrían ser suficientes para cubrir las demandas de ambas partes. Además, el hecho de que la comparativa del 3% al 40% juegue a su favor, les da cierta ventaja en la negociación. Como señalan fuentes del sector, esta negociación anual es diferente, ya que ante un aumento tan significativo en las primas, las aseguradoras no pueden justificar un aumento tan bajo en los honorarios de los médicos.
