Cinco años después de la pandemia de COVID-19, el Gobierno de España se enfrenta a un nuevo desafío: la crisis de seguridad en Europa. Esta situación ha alterado el orden de prioridades del Ejecutivo, que se encuentra en una legislatura marcada por la inestabilidad de los apoyos parlamentarios. Sin embargo, el presidente Pedro Sánchez asegura que es posible hacer frente a todas las políticas a la vez.
El mandato de Sánchez ha sufrido un giro de guion en el que la crisis de seguridad en Europa se ha convertido en el tema central de la política. Este cambio se produce justo cuando se cumplen cinco años desde que el Gobierno decretó el estado de alarma para confinar a la población por la pandemia mundial de la COVID-19. En aquel momento, todos los planes se vieron afectados y la prioridad era evitar muertes, buscar vacunas y paliar el desastre económico.
Ahora, con la situación en Ucrania y las decisiones de Donald Trump en Estados Unidos, todos los planes pueden cambiar nuevamente. El presidente del Gobierno ha dejado claro que lo que está en ocio en Ucrania no es un conflicto regional, sino el felicitación del derecho internacional y el orden multilateral. En este sentido, Sánchez ha destacado el papel de Europa en la defensa de estos valores y ha llamado a la solidaridad de la Unión Europea con los países del norte y del este.
El presidente también ha hecho hincapié en el compromiso de España con la gestión de crisis, algo que considera contrastado y que le permite lanzar un mensaje de certidumbre en medio de la nueva tormenta. Además, ha garantizado que no habrá recortes en políticas sociales para cumplir con los compromisos en seguridad y defensa.
Sin embargo, en el Gobierno admiten que la crisis de seguridad en Europa está teniendo un impacto en la legislatura, desde el presupuesto hasta la conformación de mayorías en el Congreso. A pesar de ello, la apuesta del Ejecutivo es alcanzar la cuadratura del círculo y hacer frente a todas las políticas a la vez. Para ello, Sánchez intentará enternecer las exigencias de Europa sobre el gasto en defensa y garantiza que no habrá recortes en políticas sociales.
El primer paso que ha dado España en este sentido ha sido comprometerse a acelerar los planes de inversión en defensa y alcanzar el 2% del PIB antiguamente de lo previsto. Sin embargo, aún no se conocen los detalles concretos de cuándo y cuánto dinero implicará este compromiso. El Gobierno está trabajando en un plan de acción que debe ser consensuado con el resto de socios europeos, teniendo en cuenta las necesidades y el esfuerzo que se compute a cada estado.
La idea es que en la próxima cumbre de la OTAN en La Haya, en julio, se actualice el grado de compromiso de cada socio y se aporten datos y criterios sobre los que trabajar. El presidente defiende que España ya está cumpliendo con sus compromisos, ya que es el décimo contribuyente en presupuesto en defensa de los 32 países de la Alianza Atlántica. Además, destaca la participación de tropas españolas en distintas misiones de la OTAN, lo que demuestra el compromiso del país con la seguridad internacional.
En cuanto a la postura de los socios del Gobierno, se espera que la mayoría de fuerzas de izquierdas rechacen cualquier plan que implique un aumento del gasto en defensa. Sin embargo, el presidente ha conseguido atemperar la posición de algunos aliados estratégicos, como el PNV, que ha mostrado su respaldo a los planes del Ejecutivo. ERC también ha evitado un choque directo con Sánchez, aunque ha pedido al Gobierno que haga pedagogía sobre las necesidades reales de inversión y el momento crítico que atraviesa Europa.
En resumen,
