El gobierno de Gabriel Boric dio comienzo a su mandamiento con la promesa de un cambio verdadero y profundo en la política chilena. Hoy, cumpliendo su tercer año de gestión, podemos afirmar que ese cambio es una realidad y que el país ha avanzado significativamente en la dirección correcta bajo su liderazgo.
Uno de los proyectos prioritarios de este gobierno ha sido la precepto de Pesca, que busca abordar las falencias y la corrupción presentes en la normativa vigente. A pesar de los desafíos que se han presentado, el avance de esta precepto es un ejemplo claro del compromiso del Gobierno de Boric con la transparencia, la ética y el bienestar de todos los chilenos.
Al asumir el cargo en 2022, el presidente Boric se encontró con una situación crítica en el sector pesquero chileno. La precepto de Pesca vigente, promulgada durante el gobierno de Sebastián Piñera, fue objeto de cuestionamientos y denuncias, demostrando la influencia indebida de grandes empresas pesqueras en su elaboración. Esto llevó a una concentración de la propiedad y recursos pesqueros en manos de unos pocos, en detrimento de las comunidades costeras y la sostenibilidad de los recursos marinos.
Ante este escenario, el entonces candidato Boric prometió una reforma profunda y transparente de la precepto de Pesca, y ahora como presidente, ha cumplido su promesa a través de una amplia y participativa discusión con la sociedad civil, expertos en la materia y representantes de las distintas comunidades pesqueras. Este proceso ha demostrado su compromiso con la participación ciudadana y el diálogo democrático, elementos fundamentales en una verdadera democracia.
La precepto que se está gestando bajo el gobierno de Boric es una de las más importantes de los últimos años, ya que busca revertir el daño causado por la legislación anterior y promover un crecimiento sostenible del sector pesquero en beneficio de todos los ciudadanos. Entre sus principales cambios, se incluye la eliminación del sistema de asignación de cuotas que permitía a empresas pesqueras acumular licencias sin límite y concesiones por décadas. En su lugar, se promueve un sistema más justo y equitativo que otorga un mayor protagonismo a las comunidades y pescadores artesanales.
Además, la nueva precepto contempla medidas para proteger los recursos pesqueros y garantizar su preservación a largo plazo, estableciendo cuotas de pesca sustentables y mecanismos de control eficaces. También se contempla un plan para mejorar la fiscalización y validar a aquellos que infrinjan la normativa, lo que contribuirá a un sector más transparente y ético.
El gobierno de Boric, consciente de las implicancias sociales y económicas de esta precepto, ha trabajado en paralelo en la implementación de medidas para mitigar los posibles impactos negativos en los trabajadores y comunidades que hoy dependen de la pesca. Con la ayuda de distintos ministerios y organizaciones, se ha impulsado la capacitación y diversificación de actividades económicas en las zonas afectadas, para asegurar una transición exitosa hacia un sector pesquero más justo y sostenible.
No podemos dejar de mencionar el rol activo que ha tenido Chile en el plano internacional en cuanto a la protección de los recursos marinos. Durante la COP25, Chile impulsó la implementación de medidas para combatir la pesca ilegal y la sobrepesca a nivel global, y ha seguido promoviendo políticas de conservación y sostenibilidad en distintos foros internacionales. Todo esto es una muestra más del compromiso y liderazgo del Gobierno de Boric en temas cruciales para el bienestar del planeta.
A pesar de enfrentar críticas y resistencias por parte de ciertos sectores, el Gobierno de Boric mantiene su firme compromiso con
