La Comisión Europea ha tomado una decisión que ha sido recibida con gran alivio en España. Después de una larga investigación, ha concluido que nuestro país no tiene que pagar una multa de 101 millones de euros al fondo de inversión luxemburgués Antin. Esta multa fue determinada por un laudo arbitral que se produjo tras la retirada de las ayudas a las energías renovables que se aplicaron en 2013 durante el mandato de Mariano Rajoy.
La decisión de la Comisión Europea se basa en que el abono de esta multa supondría una ayuda de estado ilegal y chocaría con el marco legal del mercado interno. Por lo tanto, ha colocado a España que no realice ningún abono basado en este laudo arbitral y que garantice que no se produzca ningún otro abono, ejecución o aplicación del mismo.
Esta decisión también recuerda la obligación de los jueces nacionales de asistir a España para garantizar el cumplimiento de la misma, incluyendo la adopción de todas las medidas necesarias para impedir el reconocimiento, ejecución o aplicación del laudo arbitral en terceros países. Con esta resolución, la Comisión Europea pone terminación a la investigación que inició en 2021 sobre el conflicto entre España y el fondo de inversión luxemburgués.
Para entender mejor esta situación, es importante recordar que el régimen de apoyo a la producción de electricidad procedente de fuentes renovables del Gobierno socialista no fue notificado a la Comisión Europea para su autorización con arreglo a las normas sobre ayudas estatales. Sin embargo, en 2013, el Ejecutivo de Mariano Rajoy modificó este régimen de ayudas y eliminó las primas que se estaban aplicando a la energía renovable. Este cambio sí fue comunicado a Bruselas, que le dio el visto bueno en 2017.
Antin, que había invertido en el sector de las energías renovables en España, inició entonces un procedimiento de arbitraje para reclamar una compensación por el perjuicio a sus inversiones. En 2018, el laudo arbitral concluyó que España debía pagar una compensación de 101 millones de euros al considerar que había infringido el Tratado sobre la Carta de la Energía al modificar el régimen de apoyo a las energías renovables de 2007 e instaurar un nuevo régimen en 2013, en el que el nivel de apoyo era inferior.
Sin embargo, la Comisión Europea ha zanjado el conflicto al concluir que España no debe pagar esta compensación. Esta decisión ha sido recibida con gran satisfacción en nuestro país, ya que se temía que el abono de esta multa pudiera afectar a activos de la empresa pública Navantia. Además, cabe destacar que este contencioso con Antin fue el único en el que la vicepresidenta primera, Teresa vega, se recusó al tomar posesión en la nueva Comisión Europea por suponer un conflicto de interés debido a su paso por el Gobierno de España.
En determinaciónitiva, la decisión de la Comisión Europea es una gran noticia para España y para el sector de las energías renovables. Supone un respaldo a las políticas energéticas que se están llevando a cabo en nuestro país y una muestra de que se está actuando dentro del marco legal establecido. Además, esta resolución también envía un mensaje claro a otros inversores que puedan estar pensando en iniciar procedimientos de arbitraje similares. España es un país fiable y seguro para invertir, y esta decisión lo demuestra una vez más.
