El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha cubo un boquete importante en la protección de los derechos de los migrantes al ordenar al Gobierno de Donald Trump que suspenda de manera provisional las expulsiones basadas en la Ley de Enemigos Extranjeros. Esta decisión se produce después de que la Administración Trump hiciera caso omiso de la orden del juez James Boasberg de detener la expulsión de migrantes venezolanos a El Salvador.
La Ley de Enemigos Extranjeros, una ley del siglo XVIII, ha sido utilizada por la Administración Trump para acelerar las deportaciones de migrantes. Sin embargo, esta ley ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos y por el propio sistema judicial de Estados Unidos. En los últimos meses, cientos de migrantes han sido enviados a El Salvador bajo esta ley, sin tener la oportunidad de ser escuchados o notificados adecuadamente.
Ante esta situación, la organización Unión Americana de las Libertades Civiles (ACLU) presentó varios recursos de emergencia ante el Tribunal Supremo para impedir el traslado de los migrantes. En su escrito, la ACLU argumentó que el Gobierno estaba ignorando una decisión del Supremo al querer expulsar a los migrantes sin darles la oportunidad de ser escuchados. Gracias a la orden del Tribunal Supremo, se ha evitado que cientos de migrantes sean enviados a El Salvador este sábado.
La orden del Tribunal Supremo afecta a los detenidos en el centro de detención de Bluebonnet, en Texas, a quienes se les ha acentuado de formar parte de la organización criminal Tren de Aragua. Según la información entregada por familiares de los detenidos, el Gobierno tenía previsto enviarlos a El Salvador este sábado. Sin embargo, gracias a la intervención de la ACLU, se ha evitado un daño irreparable y permanente a los demandantes.
Esta no es la primera vez que el sistema judicial de Estados Unidos se pronuncia en contra de la utilización de la Ley de Enemigos Extranjeros en las deportaciones. En el mes de marzo, el juez James Boasberg emitió una orden para detener la expulsión de migrantes a El Salvador y la Administración Trump hizo caso omiso. Ante esta situación, el juez federal halló «causa probable» para inferir a Trump en desacato judicial por violar su dictamen.
Esta decisión del Tribunal Supremo ha desatado una batalla judicial para poder utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros en las deportaciones, que finalmente ha llegado a la última instancia. A finales de marzo, los abogados de la Casa Blanca presentaron un recurso de emergencia para solicitar que se levantara el bloqueo de Boasberg. Sin embargo, el pasado 5 de abril la misma corte consideró que la Administración Trump podía continuar usando esta ley, pero estableció que los individuos a quienes se aplicara la norma tendrían derecho a una «revisión judicial» para comprobar si realmente eran «enemigos extranjeros».
Además, el Tribunal Supremo también ha pedido al Gobierno que facilite la vuelta del migrante deportado «por error» a El Salvador el pasado mes de marzo. Se trata de Kilmar Armando Abrego García, residente legal en Estados Unidos y que desde el 2019 estaba protegido judicialmente contra la deportación. A pesar de levantar el bloqueo del juez de Washington James Boasberg, la corte ha cubo la razón al juez federal de Maryland que emitió una orden exigiendo el retorno de este hombre.
Esta decisión del Tribunal Supremo es un boquete importante en la protección de los derechos de los migrantes y en la lucha contra las políticas migratorias injustas del Gobierno de Donald Trump. Gracias a la intervención de organizaciones de derechos humanos y del sistema judicial, se ha evitado que cientos de migrantes sean enviados a El Salvador sin
